Mazatlán, Sinaloa.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa emplazó al Ayuntamiento de Mazatlán a pagar de manera inmediata 13 millones 631 mil 174.6 pesos, por un conflicto del estadio de los Venados, originado en 2018.
El problema tuvo origen durante la administración de Luis Guillermo “Químico” Benítez Torres, cuando se suspendió el servicio de agua potable, drenaje y se intervino la toma de taquillas del estadio de beisbol Teodoro Mariscal, acciones que afectaron dos juegos y generaron repercusiones económicas.
El 23 de noviembre de 2018, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán cortó el suministro de agua potable a la casa del equipo de beisbol Venados, que se encuentra concesionada a Espectáculos Costa del Pacífico, empresa de la familia Toledo, por un presunto adeudo de un millón de pesos en el servicio y la detección de una toma clandestina.
La empresa promotora de espectáculos negó en su momento dichos señalamientos.
En atención a medios de comunicación, la regidora Maribel Chollet Morán informó que el Ayuntamiento fue notificado oficialmente el viernes 10 de julio y cuenta con un plazo de tres días para atender el emplazamiento, el cual vence este miércoles.
Advirtió que la deuda no se limitaría a los 13.6 millones de pesos establecidos en la sentencia, debido a los intereses moratorios acumulados y calculados en Unidades de Medida y Actualización; estimó que el monto podría superar los 20 millones de pesos al momento de concluir una eventual negociación, para la cual, dijo, todavía existe la posibilidad de alcanzar un convenio.
Explicó que, derivado del incumplimiento de los documentos y resoluciones en tiempo y forma, se estableció un primer monto de 2 millones 346 mil 129 pesos por concepto de perjuicio o ganancia lícita dejada de percibir durante los días 30 de noviembre y 4 de diciembre de 2018.
Un segundo monto corresponde a 6 millones 139 mil 983 pesos por daños derivados de los gastos erogados con motivo de la actuación irregular de la autoridad, a los que posteriormente se sumaron 5 millones 145 mil pesos por concepto de intereses.
“Hay muchas actuaciones que no fueron atendidas, que no fueron acatadas en tiempo y forma y que derivaron de esa omisión y de ese desacato a una sentencia que al día de hoy nos tiene a todo el cabildo emplazados al cumplimiento del mismo”, dijo.
Chollet Morán señaló que, tras la notificación, esperaba que los integrantes del Cabildo fueran convocados desde el sábado a una reunión extraordinaria de trabajo para definir con claridad la ruta que seguiría el Ayuntamiento ante la resolución; sin embargo, hasta este lunes no habían sido llamados.
Ante esta situación, informó que entregó a la presidenta municipal provisional, Minerva Osuna Zavala, un oficio con carácter de urgente para solicitar la convocatoria a una sesión extraordinaria de Cabildo, así como un requerimiento al tesorero municipal, Julio César Ramos Robledo, para que atienda el tema.
“Al día de hoy por la falta de acuerdo, por la falta de negociación, pero sobre todo por la falta de visión, tal parece que se ha convertido en un gran negocio para que el área jurídica pierda juicio tras juicio que se le hace al ayuntamiento de Mazatlán”, agregó.
La solicitud plantea convocar a una sesión extraordinaria de Cabildo que tenga como punto principal del orden del día el análisis, discusión y aprobación de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.
También solicita que el tesorero municipal rinda ante el Cabildo un informe detallado sobre el monto actualizado de la condena y precise si existe suficiencia presupuestal dentro del Presupuesto de Egresos para hacer frente al pago.
Asimismo, pide a la Dirección Jurídica del Ayuntamiento presente un informe sobre el estado procesal exacto del expediente, la fecha precisa de notificación y el cómputo del plazo otorgado, además de analizar la posibilidad de celebrar un convenio de pago con la parte actora para desactivar los mecanismos sancionatorios derivados del incumplimiento de la sentencia.
